OpenAI reescribe a toda prisa su contrato con el Pentágono tras admitir Altman que fue «descuidado»

Sam Altman rara vez reconoce errores en público. Pero el lunes por la noche, el director de OpenAI admitió en la práctica que uno de los acuerdos más sonados de su empresa se gestionó, por decirlo suavemente, con descuido. El contrato para suministrar tecnologías de inteligencia artificial al Departamento de Defensa de EE. UU., ahora llamado oficialmente Department of War, se revisará, y su texto incluirá límites explícitos al uso de la IA para la vigilancia masiva y el trabajo de los servicios de inteligencia.

La historia comenzó cuando OpenAI cerró con rapidez un acuerdo con el ámbito militar. Los detalles llegaron a la prensa antes de que la empresa pudiera preparar una explicación pública coherente. La reacción fue, como era previsible, dura: activistas de derechos civiles, expertos en seguridad digital y parte de la comunidad tecnológica expresaron serias preocupaciones por la posibilidad de que la tecnología de ChatGPT se integre en sistemas de vigilancia de los ciudadanos dentro del país. Alarmó especialmente el posible vínculo con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), un organismo cuya reputación, tras las revelaciones de Edward Snowden, sigue siendo tóxica para cualquier tecnológica que valore la confianza de sus usuarios.

Al hablar el lunes, Altman empleó expresiones poco habituales en el director de una compañía valorada en cientos de miles de millones de dólares. Calificó el acuerdo de «oportunista y descuidado», palabras que en el mundo empresarial suelen reservarse para los errores de la competencia, no para las decisiones propias. Aun así, el reconocimiento parece más un paso calculado de gestión de una crisis reputacional que un arrepentimiento sincero. OpenAI se encontró en una situación en la que el silencio habría costado más que la autocrítica pública.

Según Altman, el contrato revisado incluirá una prohibición explícita de dos escenarios clave: el uso de la tecnología de OpenAI para la vigilancia masiva de la población dentro del país y su entrega a las unidades de inteligencia del Departamento de Defensa, incluida la NSA. Sobre el papel suena a una restricción seria. En la práctica, quedan más preguntas que respuestas. ¿Quién controlará el cumplimiento de estas condiciones? ¿Cómo se define exactamente la «vigilancia masiva» en términos jurídicos? ¿Y qué impide al estamento militar usar los avances obtenidos de OpenAI en proyectos afines que formalmente no entren en las restricciones?

El contexto de esta historia va mucho más allá de un solo contrato. OpenAI ha recorrido un camino notable: de laboratorio sin ánimo de lucro creado para una «IA segura en beneficio de la humanidad» a gigante comercial que busca activamente contratos públicos. En 2023 la compañía todavía se negaba categóricamente a trabajar con los militares. En 2024 la política se revisó discretamente: primero se permitió la colaboración en ciberseguridad y después los límites se fueron difuminando cada vez más. El contrato con el Department of War es el desenlace lógico, aunque doloroso, de esa deriva. Cada paso venía acompañado de salvedades sobre fines «de protección» y «defensivos», pero la dirección era evidente.

Para el conjunto de la industria, el caso de OpenAI sienta un precedente importante. Todos los grandes desarrolladores de IA, de Google DeepMind a Anthropic, tarde o temprano se enfrentarán a una elección similar. Los contratos públicos aportan ingresos estables y respaldo político, pero a la vez ponen en riesgo la reputación entre usuarios y desarrolladores para quienes la privacidad de los datos es un valor básico. Microsoft, el mayor inversor de OpenAI, lleva tiempo trabajando con el Pentágono a través de sus servicios en la nube y del proyecto JEDI, pero Microsoft no tiene un producto de consumo con doscientos millones de usuarios que le confían a diario sus pensamientos, consultas y datos.

Merece atención aparte el propio cambio de nombre del Departamento de Defensa a Department of War, una decisión de la administración que devuelve al organismo su denominación histórica, vigente hasta 1947. Para OpenAI esto crea un problema adicional de imagen: una cosa es colaborar con un «Departamento de Defensa» y otra muy distinta con un «Departamento de Guerra». La semántica juega en contra de la empresa y refuerza la sensación de que una tecnología creada para ayudar a las personas puede volverse contra ellas.

Altman prometió transparencia y límites. Pero la confianza es un recurso que se gasta más rápido de lo que se acumula. OpenAI tiene que demostrar que su promesa de prohibir la vigilancia masiva no es solo una línea en una nota de prensa, sino un mecanismo de control que funciona de verdad. De lo contrario, la compañía corre el riesgo de descubrir que ha perdido algo más valioso que cualquier contrato público: la creencia de que sigue del lado de las personas y no de los sistemas que las vigilan.