Altman: las empresas privadas no deben tener más poder que el Gobierno de EE. UU.

Sam Altman eligió la tarde de un viernes, el momento clásico para las noticias que se prefiere alejar del debate público, para uno de los anuncios más importantes de la historia de OpenAI. La compañía firmó un contrato con el Pentágono para implantar tecnologías de inteligencia artificial en sistemas clasificados del Departamento de Defensa de EE. UU. No se han revelado la escala ni los detalles del acuerdo, pero la mera alianza entre el mayor desarrollador de IA generativa y el brazo militar de una superpotencia cambia las reglas del juego para toda la industria.

Para entender por qué el anuncio cayó como un jarro de agua fría, conviene repasar la historia. OpenAI se fundó en 2015 como laboratorio de investigación sin ánimo de lucro, con la misión de garantizar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad. Hasta hace pocos años, la empresa mantenía una política estricta de rechazo a colaborar con estructuras militares. Sin embargo, en enero de 2024 OpenAI modificó discretamente su política de uso permitido y eliminó la prohibición expresa de aplicaciones militares y de inteligencia. Entonces provocó una ola de críticas, pero parecía un cambio más bien teórico. Ahora la teoría se ha vuelto práctica, con un contrato con el Pentágono.

Consciente de la repercusión que tendría la noticia, Altman celebró una sesión pública de preguntas y respuestas. La tesis central de su intervención resultó inesperada en boca del líder de una corporación tecnológica: las empresas privadas no pueden ni deben tener más poder que un gobierno elegido democráticamente. Según Altman, si la autoridad legítima de un país decide usar ciertas tecnologías para garantizar la seguridad nacional, una empresa privada no tiene derecho a colocar sus propios principios por encima de esa decisión. En la práctica, Altman formuló una doctrina de subordinación de la ética corporativa a la soberanía del Estado, una postura que hace cinco años se habría considerado impensable en Silicon Valley.

Esta retórica merece un análisis detenido. Por un lado, tiene un núcleo racional. Los gigantes tecnológicos han acumulado un poder sin precedentes, y la idea de que un gobierno elegido debe conservar el control de las tecnologías estratégicas recibe apoyo de un amplio abanico político.

Por otro lado, el argumento de Altman coincide convenientemente con los intereses comerciales de OpenAI. Los contratos militares son una fuente de financiación estable y generosa. El Pentágono gasta cada año cientos de miles de millones de dólares, y incluso una pequeña fracción de ese presupuesto puede transformar la situación financiera de cualquier tecnológica.

Para OpenAI, que sigue quemando sumas colosales en entrenar modelos y desarrollar infraestructura, acceder al dinero de defensa no es solo un contrato, sino un recurso estratégico de supervivencia en la carrera contra Google, Anthropic y Meta.

El contexto competitivo es igual de importante. En 2018, Google se enfrentó a una revuelta interna de sus empleados por el proyecto Maven, un programa de análisis de vídeo de drones para el Pentágono, y tuvo que retroceder. Desde entonces el panorama ha cambiado radicalmente.

Palantir, Anduril y otras empresas tecnológicas de defensa integran activamente la IA en sistemas militares, y la propia Google volvió hace tiempo a colaborar con el sector de defensa, aunque con menos publicidad. En esencia, Altman reconoce una nueva realidad: en la era de la rivalidad geopolítica entre EE. UU.

y China, renunciar a trabajar con los militares no es una postura moral, sino una derrota competitiva. La tecnología se creará de todos modos; la cuestión es quién lo hará.

Sin embargo, la declaración de Altman plantea preguntas inquietantes sobre los límites. Si un gobierno elegido democráticamente decide usar la IA para la vigilancia masiva o para sistemas de armas autónomos, ¿debería la empresa acatar también en ese caso? ¿Dónde está la línea roja? Altman no dio una respuesta clara y se limitó a generalidades sobre la importancia de la seguridad y de un enfoque responsable. Los críticos ya señalan que la fórmula «el gobierno decide, nosotros obedecemos» no es una postura ética, sino la renuncia a tenerla, envuelta en retórica democrática.

La implantación de IA en los sistemas clasificados del Pentágono también plantea la cuestión de la transparencia. Probablemente el público nunca sabrá cómo se usan exactamente los modelos de OpenAI en proyectos de defensa. Eso crea una paradoja: una empresa que construye una de las tecnologías más potentes de la historia rinde cada vez menos cuentas a las mismas personas para las que supuestamente trabaja.

El contrato de OpenAI con el Pentágono es un punto de no retorno, no solo para una empresa, sino para toda la industria de la inteligencia artificial. La época en que las tecnológicas podían presentarse como creadoras neutrales de herramientas ha terminado definitivamente. La IA se ha convertido en un arma de la geopolítica y todo gran desarrollador se ve obligado a elegir bando. Altman ha tomado su decisión y la ha envuelto en el lenguaje de la legitimidad democrática. Falta por ver si la sociedad aceptará esa elección, o al menos los propios empleados de OpenAI.

*Meta está reconocida como organización extremista y prohibida en Rusia.