Amazon y Microsoft convierten Aragón en un hub de AI, pero los vecinos llevan a las autoridades a los tribunales

Aragón, una región del noreste de España, se ha convertido en uno de los escenarios más visibles de la carrera europea por la infraestructura de AI. Los gigantes tecnológicos la presentan como ejemplo de cómo Europa puede construir rápidamente centros de datos para servicios en la nube e inteligencia artificial. Pero para los vecinos la historia es distinta: junto con las inversiones milmillonarias han llegado los conflictos por la tierra, el agua, los impuestos y la cuestión de quién se beneficiará realmente de este boom.

Según las estimaciones actuales, las inversiones anunciadas por Amazon, Microsoft y otras compañías en Aragón ya superan los €80.000 millones, es decir, unos $90.000 millones. La región reúne varias ventajas para este tipo de proyectos: grandes extensiones de suelo sin urbanizar, precios de la electricidad relativamente bajos, una elevada cuota de renovables y mano de obra más barata que en muchos países de Europa occidental. Para Bruselas y los grandes proveedores de nube, es una combinación casi perfecta. Con la Unión Europea planeando al menos triplicar la capacidad de sus centros de datos en los próximos cinco a siete años, la experiencia aragonesa ya se presenta como un posible modelo para otros países.

La herramienta clave ha sido el mecanismo PIGA, aprobado en 2015. Permite al gobierno regional acelerar las autorizaciones, recortar trámites burocráticos y otorgar a los proyectos la condición de «interés general». En la práctica, esto no solo supone permisos rápidos, sino también efectos secundarios importantes: beneficios fiscales específicos para los promotores, la posibilidad de sortear las restricciones urbanísticas locales y, si no se llega a un acuerdo con los propietarios, la expropiación forzosa de terrenos. Por eso varios municipios, entre ellos Villamayor de Gállego y Villanueva de Gállego, han acudido a los tribunales para impugnar decisiones del gobierno regional y las consecuencias de las obras sobre el suelo, el agua y las arcas municipales.

El mayor actor de la región es ahora AWS. La compañía puso en marcha sus tres primeros centros de datos en Aragón en 2022 y, en marzo de 2026, anunció que elevará su inversión hasta €33.700 millones de aquí a 2035. Amazon habla de decenas de miles de empleos, incluidos los generados a través de contratistas y negocios vinculados, y el gobierno regional aspira a convertir Aragón en la «Virginia europea», el principal clúster de centros de datos del continente.

Sobre el terreno, sin embargo, el panorama es mucho menos idílico. Las tres primeras instalaciones de AWS generaron entre 700 y 950 empleos, y más de tres cuartas partes de ellos están ligados a la construcción, no a la operación permanente. Mientras tanto, los vecinos discuten quién vendió su parcela, quién intentó resistir hasta el final y por qué el precio del suelo fue de €2 por metro cuadrado en algunos lugares y llegó a €23 o más en otros.

Otro frente del conflicto son los recursos. Los centros de datos para AI necesitan más potencia y refrigeración que la infraestructura de computación tradicional. En las zonas áridas de España, esto plantea de inmediato la cuestión del agua, sobre todo cuando los vecinos ya sufren cortes de suministro eléctrico o restricciones en los meses de calor. Amazon insiste en que utiliza energía renovable, invierte en proyectos hídricos y optimiza al máximo la refrigeración. Pero parte de los vecinos no cree que el impacto real vaya a ser tan reducido, sobre todo porque en documentos oficiales figuraban solicitudes para ampliar el consumo de agua autorizado debido al aumento de las temperaturas.

En este contexto cobra fuerza otra pregunta: si los municipios pierden parte de su recaudación por los beneficios fiscales y las principales ganancias van a parar a grandes empresas y contratistas, ¿por qué tienen que asumir las comunidades locales los costes ambientales y sociales?

La principal lección del caso aragonés es que la carrera por la inteligencia artificial ya no depende solo de chips y modelos, sino también de cuestiones mucho más terrenales: suelo, redes eléctricas, agua, permisos y la confianza de la gente. Para las Big Tech, Aragón puede parecer realmente un caso ejemplar de construcción acelerada. Pero si estos proyectos empiezan a dividir a pequeños municipios, provocar demandas judiciales y dejar dudas sobre el reparto justo de los beneficios, el caso deja de hablar solo del éxito de la economía de la AI y pasa a hablar también del precio que pagan por ella territorios concretos.