Grammarly, demandada por una función de IA que atribuía consejos a académicos sin su consentimiento

Grammarly cerró la función Expert Review después de que se presentara una demanda colectiva. La función mostraba correcciones generadas por inteligencia artificial como si procedieran de autores y académicos conocidos, sin su consentimiento ni su conocimiento. Es un caso más de un producto de IA que cruza la línea allí donde la identidad digital choca con los derechos de personas reales.

Grammarly es una de las herramientas más utilizadas para mejorar textos escritos. Según la compañía, más de 30 millones de personas usan sus servicios a diario: estudiantes, periodistas, directivos, redactores publicitarios. El producto nació como un simple corrector ortográfico, pero en los últimos años se ha convertido en una plataforma de IA completa, con funciones de estilo, tono y personalización.

Expert Review era una de ellas. La idea parecía atractiva: el usuario no recibía comentarios de un simple algoritmo, sino en el estilo de autores o académicos reconocidos. En la práctica, según los demandantes, el sistema no se limitaba a inspirarse en el estilo de alguien: atribuía directamente los consejos a personas reales y usaba sus nombres como sello de calidad.

Los autores y académicos cuyos nombres aparecían no sabían nada de este uso, no habían dado su consentimiento y no recibieron ninguna compensación. El núcleo del problema legal es el llamado right of publicity: el derecho de una persona a controlar el uso comercial de su nombre, su imagen y su reputación. En el derecho estadounidense este derecho está bien protegido, sobre todo en estados como California y Nueva York.

El carácter colectivo de la demanda (class action) implica que los afectados se han unido en una reclamación conjunta y, si el tribunal la admite como un único caso, las indemnizaciones potenciales podrían ser muy elevadas. Grammarly reaccionó con rapidez: desactivó la función el mismo día en que la demanda se hizo pública. Esta medida reduce el daño reputacional inmediato y demuestra la disposición de la empresa al diálogo, pero no la exime de responsabilidad por lo ya ocurrido.

Los abogados señalan que retirar una función con rapidez suele jugar a favor del demandado cuando el tribunal fija la cuantía de la indemnización, pero no excluye la responsabilidad en sí. El caso de Grammarly forma parte de una tendencia más amplia. A medida que los productos de IA pasan de los consejos generales al contenido personalizado, recurren cada vez más a «personas reales» como fuente de confianza.

Deepfakes de famosos en publicidad, voces generadas por IA de músicos fallecidos, chatbots que imitan a influencers vivos: el marco jurídico en torno a todo esto apenas está tomando forma. Grammarly se ha visto envuelta en él de forma inesperada, ya que una función de edición de textos parece muy alejada del mundo de los deepfakes. Pero el principio es el mismo: el nombre de otra persona se usa como un activo sin permiso de su titular.

Para el mercado, es una señal: incluso funciones que parecen mejoras inofensivas de UX conllevan riesgos legales si se basan en atribuir contenido a personas reales. Antes de usar el nombre o la imagen de cualquier persona viva —un autor, un académico, un experto— como «etiqueta» para consejos de IA, las empresas deben obtener un consentimiento explícito y por escrito. De lo contrario, la próxima demanda puede salir más cara que lo ahorrado en revisión legal.