OpenAI propone un impuesto a la IA, fondos de riqueza pública y una semana laboral de cuatro días

El rápido avance de la inteligencia artificial generativa en los últimos dos años ha sacado definitivamente el debate sobre el futuro del mercado laboral del terreno de la futurología teórica y lo ha llevado al de la planificación pública práctica. OpenAI, que se sitúa como abanderada en la carrera por crear una IA fuerte, ha publicado una visión programática de la nueva realidad económica. En ese documento, sus desarrolladores admiten que, si sus ambiciones se cumplen, la economía mundial no afrontará solo una revolución industrial más, sino una ruptura fundamental de los modelos habituales de reparto de la riqueza.

El concepto propuesto combina elementos de capitalismo radical y de redistribución social a gran escala, y pretende responder al principal desafío de nuestro tiempo: cómo garantizar la prosperidad de la sociedad cuando el trabajo humano deja de ser el principal motor del valor añadido.

El contexto de esta declaración no se puede ignorar. A medida que las redes neuronales aprenden a realizar tareas cada vez más complejas, desde escribir código hasta analizar casos jurídicos o gestionar cadenas de suministro, la amenaza de un desplazamiento masivo de trabajadores en distintos sectores de la economía se vuelve tangible. Las palancas tradicionales de la política social, como los subsidios de desempleo o los programas de reciclaje profesional, pueden resultar ineficaces ante la velocidad y la escala de los cambios que se avecinan.

En OpenAI entienden que la expansión futura de sus tecnologías depende directamente de la estabilidad social y, por tanto, que los arquitectos de la IA deben ofrecer a los políticos una hoja de ruta económica ya elaborada.

El elemento central de esta estrategia es la creación de mecanismos innovadores de redistribución del capital, entre los que destacan los fondos estatales de riqueza pública. La idea es que, en lugar de la tributación tradicional de beneficios, a veces engorrosa, el Estado reciba una participación directa en el capital de las empresas tecnológicas más exitosas. Así, a medida que crezca la capitalización de los gigantes de la IA, la sociedad se convertiría automáticamente en copropietaria de los beneficios que generan.

Esto permitiría pagar dividendos directos a los ciudadanos y crear algo parecido a una renta básica incondicional vinculada a los éxitos de la automatización. En paralelo, OpenAI propone introducir impuestos específicos sobre los beneficios generados directamente por la implantación de soluciones de IA. Estos fondos se destinarían a ampliar las redes de protección social y a adaptar la infraestructura a la nueva realidad.

El plan presta especial atención a la transformación del propio concepto de «tiempo de trabajo». OpenAI aboga por una transición gradual hacia la semana laboral de cuatro días. La propuesta se basa en una matemática sencilla de la productividad: si la inteligencia artificial permite realizar el mismo volumen de tareas en menos tiempo, los frutos de esa eficiencia deben traducirse en más tiempo libre para las personas, y no solo en un aumento del margen corporativo.

La reducción de la jornada semanal no se presenta como un fomento de la pereza, sino como una herramienta necesaria para repartir los empleos disponibles entre más personas. Según el plan, eso evitaría un aumento catastrófico del desempleo y el agotamiento emocional en el ritmo cada vez más acelerado de la economía digital.

Llevar a la práctica un escenario así tiene consecuencias enormes para la geopolítica mundial y el sistema financiero. Estamos ante un intento de crear un «capitalismo 2.0» en el que la propiedad de la tecnología se convierte en la principal fuente de recursos públicos.

Sin embargo, hay obstáculos serios en el camino. Introducir impuestos sobre los beneficios de la IA exigirá un nivel de cooperación internacional sin precedentes para evitar la fuga de capitales hacia jurisdicciones con un régimen más laxo. Además, surge la cuestión del papel del Estado: ¿no llevaría la creación de gigantescos fondos de riqueza a una concentración excesiva de poder en manos de los funcionarios que reparten la «renta tecnológica»?

Los críticos ya señalan que el modelo propuesto puede generar una peligrosa dependencia de la población respecto al bienestar de unas pocas corporaciones y convertir de hecho a los ciudadanos en accionistas sin derecho a voto.

Para concluir, la iniciativa de OpenAI es ante todo un intento de fijar las reglas del juego antes de que los procesos espontáneos del mercado desemboquen en una explosión social. Al proponer impuestos a la IA y una semana de cuatro días, la compañía busca legitimar, ante una sociedad escéptica, su empeño en crear una inteligencia artificial general. Entramos en una era en la que la frontera entre tecnología e ingeniería social se difumina por completo.

Que esta visión sea el cimiento de una nueva era de prosperidad o se quede en un sueño utópico dependerá de la disposición de los gobiernos a afrontar el mayor experimento de la historia de la economía. Una cosa se puede afirmar con certeza: el viejo orden mundial, basado en un vínculo lineal entre el trabajo humano y los ingresos, pasa a la historia y cede su lugar a un reparto algorítmico de los beneficios.