Anthropic y el Pentágono: por qué el conflicto en torno a la IA es una advertencia para Europa

El caso de Anthropic ha dejado al descubierto algo incómodo para el poder: incluso en un sistema democrático, un desarrollador de IA puede ser sancionado no por una vulnerabilidad de su tecnología, sino por negarse a eliminar límites jurídicamente vinculantes sobre su uso.

El 27 de febrero de 2026, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, declaró a Anthropic "riesgo para la seguridad nacional de la cadena de suministro". Ese estatus solía asociarse a Huawei y ZTE, no a una empresa estadounidense de San Francisco fundada por antiguos empleados de OpenAI.

El detonante fue una disputa con el Pentágono por un contrato de 200 millones de dólares firmado en julio de 2025 para trabajar con sistemas clasificados. En el acuerdo, Anthropic fijó dos líneas rojas: sus modelos no podían usarse para la vigilancia interna masiva de ciudadanos estadounidenses sin control judicial, ni como base de armas letales totalmente autónomas sin un humano en el circuito de decisión.

El Pentágono exigió "acceso sin restricciones a la IA para todos los fines legales" y puso como plazo las 17:01 del mismo día. Cuando la empresa se negó a retirar las restricciones, la administración estadounidense la castigó, en la práctica, por intentar que las salvaguardas fueran un compromiso y no una declaración.

El episodio resultó especialmente llamativo frente a OpenAI. Pocas horas después de la decisión sobre Anthropic, Sam Altman anunció un acuerdo propio de OpenAI con el Pentágono y dijo que los modelos de la compañía estarían disponibles para todos los fines legales. No se han revelado las condiciones completas, así que es imposible verificar si conserva los mismos límites exigibles que defendía Anthropic. Pero el mercado vio una señal simple: una empresa intentó fijar límites por contrato y fue tachada de amenaza; la otra aceptó las condiciones del Estado y siguió siendo socia.

Esa misma tarde, la responsable de hardware de OpenAI, Caitlin Kalinowski, abandonó la compañía y subrayó que la vigilancia interna y la autonomía letal merecían más debate.

Después el conflicto llegó a los tribunales. En una resolución de marzo, la jueza federal Rita Lin señaló que ese régimen se aplica normalmente a servicios de inteligencia extranjeros y terroristas, no a empresas estadounidenses, y bloqueó temporalmente la prohibición. Pero los procesos paralelos continuaron, y Anthropic quedó apartada de los contratos del Pentágono mientras seguía en el radar de otras agencias.

Aquí la historia deja de ser solo un drama político estadounidense y se convierte en una cuestión de gobernanza democrática de la IA. Las agencias federales de EE. UU. siguieron probando discretamente la tecnología de Anthropic, y los reguladores financieros empujaron a los bancos a evaluar el nuevo modelo Mythos para infraestructuras críticas. El resultado es una paradoja: la empresa es declarada riesgo para la seguridad nacional y, a la vez, tratada como proveedora de IA útil.

Para Europa es una señal importante, con el AI Act que debe entrar plenamente en vigor en agosto de 2026. La lógica de la ley europea es simple: los usos más peligrosos de la IA no pueden dejarse al criterio de empresas o funcionarios, sino limitarse directamente por norma jurídica. Pero la UE debate a la vez el paquete Digital Omnibus, que podría debilitar parte de la regulación para competir con EE. UU. y China.

El caso de Anthropic demuestra que la desregulación no vuelve neutral el sistema. Solo traslada el poder real a quienes controlan las compras, el acceso a los contratos y la presión política.

Hay también una lección más práctica. Si los límites al uso de la IA existen solo en notas de prensa, principios corporativos y discursos de los CEO, pueden esquivarse en el primer gran contrato. Si están escritos en un contrato o en una ley, se vuelven exigibles y generan responsabilidad. En el fondo, la disputa entre Anthropic y el Pentágono giró en torno a eso: no la idea de seguridad en sí, sino si esa seguridad debe ser obligatoria para el Estado en escenarios militares y de inteligencia.

La conclusión principal para el mercado y los reguladores es incómoda pero clara. La gobernanza de la IA existirá de todos modos; la cuestión es quién fija primero sus reglas. Si los límites de uso se establecen de antemano en la ley y los contratos, la sociedad conserva la opción de controlar la tecnología antes de que se tomen las decisiones clave. Si no, las reglas las escribirán quienes tengan más poder, dinero y urgencia en el momento de la próxima crisis.