Sadiq Khan podría frenar el contrato de Scotland Yard con Palantir por los valores de Londres

Los planes de Scotland Yard para adquirir tecnología de Palantir han dejado de ser un concurso habitual de software y se han convertido, de forma inesperada, en una disputa política sobre qué empresas deben recibir dinero de los contribuyentes británicos. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha dejado claro que podría intentar frenar el contrato con el desarrollador estadounidense de sistemas de análisis con IA si considera que el trabajo de la empresa contradice los valores de la ciudad. Para la policía londinense es una cuestión de eficacia en las investigaciones; para el ayuntamiento, de reputación, principios y límites aceptables de la cooperación entre el Estado y las empresas tecnológicas privadas.

En esencia, se trata del posible uso de los sistemas de Palantir para procesar inteligencia criminal. La Metropolitan Police de Londres, a menudo llamada Scotland Yard, ha negociado con la compañía un contrato amplio cuyo valor podría alcanzar decenas de millones de libras. La oficina de Khan ha declarado públicamente que al alcalde le preocupa que se usen fondos públicos para apoyar a empresas que actúan en contra de los valores de Londres. La declaración importa por sí misma: aunque la decisión de compra siga correspondiendo formalmente a la policía y a la administración, la intervención del ayuntamiento eleva bruscamente el coste político del acuerdo y convierte una compra técnica en objeto de debate público.

El interés de la policía por Palantir es comprensible. La compañía es conocida por plataformas para trabajar con grandes volúmenes de datos: estos sistemas ayudan a reunir información de distintas fuentes, encontrar vínculos entre hechos, acelerar el análisis de materiales y facilitar la priorización de investigaciones. Para las fuerzas del orden resulta especialmente atractivo, porque el volumen de información crece más rápido que la capacidad de los analistas para procesarla a mano.

Pero Palantir tiene también otra imagen: no solo la de proveedor de tecnología, sino la de uno de los actores más polémicos de la contratación pública. Los críticos señalan que el software de la empresa se utilizó en las duras medidas migratorias de EE. UU. durante la administración de Donald Trump, así como por el ejército israelí. Por eso la disputa sobre el contrato en Londres no afecta solo a las funciones de la plataforma, sino también a lo que la ciudad considera aceptable financiar.

De ahí el conflicto central. Los partidarios de estos sistemas suelen hablar de velocidad, escala y utilidad para las investigaciones: si los algoritmos ayudan a cruzar datos más rápido y a encontrar pistas, la policía obtiene una herramienta que potencialmente hace su trabajo más preciso y eficaz. Los detractores responden que, en la contratación pública, no se puede separar la tecnología del contexto político y moral de su uso. Para ellos importa no solo lo que sabe hacer el producto, sino también con quién colabora su proveedor, cómo gana dinero, qué prácticas apoya y qué consecuencias ha tenido ya en otros países.

Para Londres el tema es especialmente delicado, porque no se trata de un sistema informático corporativo neutro, sino de herramientas que pueden influir en cómo la policía trabaja con datos sensibles y análisis criminal. En este contexto, incluso un acuerdo grande y potencialmente útil deja de parecer una simple actualización de infraestructura y se percibe como una decisión que refleja los valores de la propia ciudad.

Qué significa en la práctica: las disputas sobre contratos públicos de IA girarán cada vez más no solo en torno al precio y la calidad de la tecnología, sino también a la reputación del proveedor. El caso de Palantir muestra que a las autoridades municipales y a la policía ya no les basta con invocar la eficiencia de la automatización. Deben explicar por qué esta empresa en concreto accede a datos sensibles y por qué colaborar con ella es compatible con los principios declarados públicamente.

Si aumenta la presión del ayuntamiento, las negociaciones podrían ralentizarse, las condiciones cambiar y el propio acuerdo convertirse en una prueba de hasta dónde están dispuestas a llegar las capitales europeas en el uso de herramientas de IA en seguridad.

En otras palabras, el mercado de contratación pública de IA entra en una fase en la que no gana solo el actor tecnológicamente más fuerte, sino el que es capaz de superar el escrutinio político y ético.