El fiscal general de Florida abre una investigación contra OpenAI por amenazas a la seguridad

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha anunciado la apertura de una investigación oficial sobre la actividad de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, el chatbot más popular del mundo. Las acusaciones de las autoridades del estado abarcan varios frentes: amenazas a la seguridad nacional, la posible filtración de tecnologías avanzadas a adversarios de EE. UU. y un vínculo directo del chatbot con conductas peligrosas e ilegales.

En su comunicado oficial, Uthmeier señaló que existen serias preocupaciones de que los datos y la tecnología de OpenAI "caigan en manos de los enemigos de Estados Unidos, en particular del Partido Comunista Chino". Es una retórica muy conocida en la política estadounidense de seguridad tecnológica, de TikTok a Huawei. Aun así, el fiscal insiste en que su oficina tiene motivos concretos para investigar y no solo razones políticas.

Además de los riesgos geopolíticos, Uthmeier apuntó a la supuesta relación de ChatGPT con actos ilegales. Según él, el servicio estuvo "implicado en conductas criminales" relacionadas con material de abuso sexual infantil, así como en el "fomento" de las autolesiones entre los usuarios. No son, ni de lejos, las primeras acusaciones de este tipo contra grandes modelos de lenguaje. La eficacia de los filtros de seguridad de los sistemas de IA y su reacción ante consultas peligrosas llevan tiempo generando fuertes polémicas en los círculos regulatorios y académicos. OpenAI ha actualizado en repetidas ocasiones las políticas de seguridad de ChatGPT, pero los críticos consideran que esas medidas son insuficientes.

La acusación de mayor repercusión es que ChatGPT pudo "ayudar" a una persona sospechosa del tiroteo en la Universidad Estatal de Florida en abril de 2025. Los detalles del episodio aún no se han revelado por completo: se desconoce cómo se usó exactamente el chatbot y en qué medida la interacción con él pudo influir en las acciones del sospechoso. Aun así, el mero hecho de que el fiscal general haga esta afirmación da a la investigación un peso político considerable y atrae una amplia atención mediática.

OpenAI lleva tiempo bajo presión tanto de los reguladores federales como de las autoridades de distintos estados. En los últimos dos años, la compañía ha pasado de ser una organización de investigación sin ánimo de lucro a un negocio comercial en toda regla, con una valoración de más de 300.000 millones de dólares. Ese cambio estructural ya provocó varias investigaciones, entre ellas la demanda del fiscal general de California, que cuestionaba la legitimidad del paso a un modelo comercial. La investigación de Florida abre otro frente legal en un panorama regulatorio ya de por sí complicado.

Conviene subrayar que la investigación se encuentra en una fase inicial. El comunicado del fiscal no contiene cargos concretos ni pruebas documentadas; es más una declaración de intenciones. Para exigir responsabilidades reales a la empresa harán falta meses de recopilación de material y, probablemente, vistas judiciales. Aun así, esta publicidad supone un riesgo reputacional adicional para OpenAI en un momento en que busca activamente contratos y alianzas con organismos federales de EE. UU.

La investigación de Florida refleja una tendencia más amplia: los fiscales estatales actúan cada vez más contra las grandes empresas de IA sin esperar a una regulación federal. Sin una ley única de inteligencia artificial a escala nacional, son los estados quienes se convierten en la primera línea de supervisión. Para el conjunto del sector, esto implica un entorno regulatorio fragmentado, en el que cada estado puede plantear sus propios requisitos e interpretaciones, y en el que un mismo chatbot puede ser objeto de investigaciones en distintos puntos del país a la vez.