El Tesoro británico recurre al instituto de Tony Blair para implantar IA en los servicios públicos

Cuando el Gobierno de un gran país occidental decide modernizar los servicios públicos con inteligencia artificial, surge una pregunta clave: ¿a quién llama como asesor? El Tesoro británico ha dado una respuesta muy elocuente, y no a todos les ha gustado.

El miércoles, el secretario principal del Tesoro, James Murray, celebró una reunión a puerta cerrada. Entre los invitados estaban el director de IA del Instituto Tony Blair para el Cambio Global (Tony Blair Institute for Global Change, TBI), el presidente del consejo de administración de IBM, altos directivos de Faculty AI, hoy integrada en Accenture, y Dex Hunter-Torricke, antiguo asesor de comunicación de Google, Facebook y SpaceX de Elon Musk. El tema fue la estrategia de despliegue de sistemas de inteligencia artificial en las estructuras del Estado británico.

El Instituto Tony Blair se presenta desde hace tiempo como uno de los principales ideólogos de la transformación digital de la administración pública. La organización, fundada por el exprimer ministro, defiende de forma constante que la IA puede elevar radicalmente la eficiencia del sector público, desde la sanidad hasta la administración tributaria. Publica informes de gran alcance, organiza conferencias y tiende puentes entre gobiernos y empresas tecnológicas en todo el mundo. Pero es precisamente ese doble papel, el de think tank independiente y el de intermediario del sector privado, el que suscita duras críticas.

La reacción de la sociedad civil fue, como cabía esperar, contundente. Activistas por la igualdad digital y la transparencia de la política tecnológica compararon lo ocurrido con «invitar a las zorras a opinar sobre el futuro del gallinero». Tras esa vívida metáfora hay un problema sistémico: cuando empresas comerciales interesadas en vender soluciones de IA al Estado también definen la estrategia para comprarlas e implantarlas, el conflicto de intereses resulta casi inevitable.

Faculty AI, por ejemplo, ya tiene un historial de grandes contratos con el Gobierno británico: trabajó con el Ministerio del Interior y otros departamentos, y su fusión con el gigante mundial de la consultoría Accenture no ha hecho sino reforzar su posición en el mercado de contratación pública.

El problema va mucho más allá de una sola reunión. El Reino Unido, como otros muchos países, se enfrenta a una elección estratégica: construir capacidades públicas propias en IA o apoyarse en la experiencia del sector privado. El primer camino exige grandes inversiones en personal, infraestructura e investigación. El segundo es más rápido y barato al principio, pero crea una dependencia a largo plazo de proveedores comerciales cuyas prioridades no siempre coinciden con el interés público. La presencia en la mesa de antiguos altos directivos de las mayores corporaciones tecnológicas del mundo, de Meta* a SpaceX, indica sin ambigüedades hacia dónde se inclina la balanza.

Para un observador ruso, esta situación resulta especialmente interesante. Rusia sigue un camino similar en la digitalización de los servicios públicos, y la cuestión del papel de las empresas tecnológicas privadas en ese proceso se plantea con la misma crudeza. La experiencia británica, tanto la positiva como la negativa, se convertirá inevitablemente en un caso de estudio. La lección clave es sencilla: la transparencia en la toma de decisiones y una separación nítida entre asesores y beneficiarios de los contratos públicos no son una formalidad burocrática, sino una condición fundamental para la confianza de los ciudadanos en el Estado digital.

Conviene señalar también el contexto más amplio. En los últimos años, el Instituto Blair se ha convertido en uno de los centros no gubernamentales más influyentes en la definición de la agenda tecnológica de gobiernos de decenas de países. Sus recomendaciones para introducir la IA en la administración pública suenan ambiciosas: automatización de procesos rutinarios, analítica predictiva para asignar recursos, personalización de los servicios públicos. Todo eso suena atractivo sobre el papel. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles, y sobre todo en quién diseñará, construirá y mantendrá estos sistemas, con acceso a los datos de millones de ciudadanos.

El Gobierno británico aún no ha comentado las críticas. Pero el hecho de que una reunión de este nivel haya provocado una reacción pública inmediata y dura dice mucho. La época en que las decisiones tecnológicas del Estado se tomaban a puerta cerrada y sin control público está llegando a su fin. La cuestión es si las instituciones de supervisión democrática lograrán adaptarse a la velocidad con la que la IA penetra en la administración, o si las decisiones se tomarán antes de que la sociedad tenga tiempo de asimilarlas.

*Meta ha sido declarada organización extremista y está prohibida en Rusia.