Trump elimina las restricciones ambientales a las centrales de carbón para alimentar los centros de datos de IA

El hambre energética de la inteligencia artificial empieza a transformar no solo el mercado eléctrico, sino también la política ambiental de la mayor economía del mundo. La administración de Donald Trump ha anunciado la derogación de los Mercury and Air Toxics Standards, un conjunto de restricciones de las épocas de Obama y Biden que regulaban las emisiones de mercurio y otros contaminantes tóxicos de las centrales de carbón. La decisión coincide con un crecimiento sin precedentes de la demanda eléctrica en Estados Unidos. Su principal motor es la construcción de gigantescos centros de datos para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

Para entender la magnitud del problema conviene recordar el contexto. Las normas MATS se introdujeron con Obama y se endurecieron con Biden. Su objetivo era limitar las emisiones de mercurio, plomo, arsénico y otros metales pesados que las centrales de carbón liberan a la atmósfera. En Estados Unidos, la generación con carbón es responsable de aproximadamente la mitad de todas las emisiones de mercurio del país. El mercurio es un potente neurotóxico: incluso dosis relativamente pequeñas, con una exposición crónica, se asocian a defectos congénitos, trastornos del desarrollo cognitivo en niños y daños renales y del sistema nervioso. Según estimaciones de los ecologistas, estas normas salvaron miles de vidas y evitaron decenas de miles de casos de enfermedad.

Pero la administración Trump sigue otra lógica. La amplia ola desreguladora que impulsa la actual Casa Blanca persigue un único objetivo: aumentar la capacidad energética lo más rápido posible. La razón es sencilla.

Los gigantes tecnológicos —Microsoft, Google, Amazon, Meta y xAI, de Elon Musk— han anunciado centros de datos con una potencia conjunta de decenas de gigavatios. Cada gran clúster para entrenar modelos de lenguaje consume tanta electricidad como una pequeña ciudad. La infraestructura energética actual de Estados Unidos no da abasto con esta demanda, y construir nueva capacidad, desde centrales nucleares hasta granjas solares, lleva años.

Las centrales de carbón, muchas de ellas con el cierre ya previsto, se han convertido en un salvavidas inesperado: ya existen, están conectadas a la red y pueden aumentar su producción rápidamente.

Es aquí donde el pragmatismo económico choca con la salud pública. En la práctica, la derogación de MATS da vía libre a los operadores de centrales de carbón: podrán funcionar a plena potencia sin costosos sistemas de filtrado y depuración de emisiones. Para las eléctricas, esto supone menos costes y la posibilidad de vender más electricidad a los centros de datos a precios atractivos.

Para quienes viven cerca de las centrales de carbón, significa más concentración de sustancias tóxicas en el aire y el agua. Un ejemplo revelador es la Kingston Fossil Plant, en Tennessee, una central de carbón de 1,4 gigavatios situada a orillas del lago Watts Bar. Instalaciones como esta serán las primeras beneficiarias de la desregulación y, al mismo tiempo, las principales fuentes de contaminación.

Para la industria de la inteligencia artificial, esta situación supone un serio problema de reputación. Durante años, las tecnológicas han construido un relato sobre desarrollo sostenible, neutralidad de carbono y energía verde. Google y Microsoft publican informes sobre su huella ambiental, y Amazon invierte en fuentes renovables. Pero la realidad es que el rápido aumento del consumo energético para IA ya ha incrementado la huella de carbono de estas compañías, y ahora amenaza con disparar también las emisiones tóxicas. Cuando un modelo que genera texto o imágenes funciona con electricidad de una central de carbón sin filtros, las promesas verdes de las corporaciones suenan a palabras vacías.

Hay también una dimensión geopolítica. La carrera por el liderazgo en IA entre Estados Unidos y China se está convirtiendo en una carrera por los recursos energéticos. La administración Trump apuesta abiertamente por la velocidad: construir antes, poner en marcha antes, entrenar antes la próxima generación de modelos. Bajo esta lógica, las normas ambientales son un estorbo, una barrera burocrática que frena el progreso. Esta mentalidad no es nueva, pero la escala de sus consecuencias no tiene precedentes. Antes, la desregulación afectaba a sectores concretos; ahora está directamente ligada a una tecnología que muchos consideran determinante para el siglo XXI.

Los críticos de la decisión señalan una paradoja evidente: la inteligencia artificial se presenta como una herramienta para resolver problemas globales, incluidos los ambientales. Sin embargo, su desarrollo en su forma actual agrava precisamente los problemas que supuestamente debe resolver. El mercurio en el agua y el aire no será menos tóxico por haberse emitido para entrenar otro modelo de lenguaje.

Aun así, sería simplista reducir la situación a un enfrentamiento entre «IA y ecología». El problema real es la falta de una estrategia energética a largo plazo que concilie el crecimiento tecnológico con la protección de la salud de la población. La energía nuclear, la geotermia y las nuevas tecnologías de almacenamiento pueden abastecer a los centros de datos con electricidad limpia, pero requieren tiempo e inversión. Derogar MATS es optar por una solución rápida y sucia. Y quienes pagarán esa decisión no serán las corporaciones tecnológicas, sino las personas que viven junto a las centrales de carbón.

*Meta ha sido declarada organización extremista y está prohibida en la Federación de Rusia.