Anthropic se opone a la ley de responsabilidad de la IA que apoya OpenAI

Anthropic y OpenAI, dos compañías a las que a menudo se describe como abanderadas del desarrollo responsable de la inteligencia artificial, se han enfrentado abiertamente por primera vez en el terreno legislativo. El motivo es un proyecto de ley del estado de Illinois que protegería de hecho a los laboratorios de IA frente a cualquier responsabilidad, incluso en casos de muertes masivas y catástrofes financieras provocadas por sus sistemas. OpenAI ha respaldado la iniciativa. Anthropic está en contra.

El proyecto de Illinois forma parte de una ola más amplia de intentos de regular la inteligencia artificial a nivel estatal en Estados Unidos. El país sigue sin una ley federal de IA: el Congreso lleva años debatiendo distintas iniciativas y ninguna ha salido adelante. En ese vacío, los estados han empezado a actuar por su cuenta. California intentó varias veces aprobar una regulación estricta, pero cada vez chocó con el poderoso lobby del sector. Ahora debates similares se intensifican en Illinois, y esta vez los mayores actores del mercado discrepan abiertamente.

La esencia del proyecto que apoya OpenAI es esta: las empresas de IA no deben asumir responsabilidad legal por las consecuencias del funcionamiento de sus sistemas, aunque esas consecuencias sean catastróficas. Los críticos lo llaman inmunidad de responsabilidad y advierten de que, si la ley se aprueba, las víctimas se quedarían de hecho sin mecanismos de protección legal. Imaginen un sistema de IA que emite recomendaciones médicas erróneas, gestiona activos financieros o está integrado en infraestructuras críticas. Si algo sale mal, ¿quién responde? Sin una respuesta legislativa clara, nadie.

Anthropic ha adoptado la postura diametralmente opuesta. La compañía, fundada por antiguos empleados de OpenAI, ha construido desde el principio su imagen pública en torno a una IA segura. Su modelo estrella, Claude, se desarrolla con énfasis en la seguridad constitucional, y sus directivos abogan con regularidad por estándares sectoriales más estrictos, también en comparecencias ante el Congreso. Su posición sobre el proyecto de Illinois parece una continuación lógica de esa línea pública.

La postura de OpenAI es menos evidente. La empresa también declara su compromiso con un desarrollo seguro de la IA y ha creado un consejo de seguridad específico. Sin embargo, últimamente OpenAI ha intensificado de forma notable su labor de lobby en Washington y en varios estados, con el claro objetivo de suavizar posibles restricciones regulatorias. Apoyar el proyecto de Illinois encaja con esa lógica, aunque contradice de forma evidente los valores que la compañía proclama.

La divergencia entre los dos mayores laboratorios de IA de Estados Unidos importa más allá de sí misma. Revela una grieta dentro del sector: el consenso sobre la autorregulación que la industria ha intentado seguir en los últimos años está fallando claramente. Los reguladores de otros estados y del ámbito federal seguirán de cerca cómo termina el debate en Illinois.

Para los usuarios corrientes de sistemas de IA, lo que está en juego es muy real. La cuestión de quién responde por los errores de la inteligencia artificial no es una abstracción jurídica. Determina si usted tiene derecho a protección cuando un sistema de IA le ha causado daño. Y de cómo responda la legislación de Illinois dependerá en buena medida la respuesta del resto de Estados Unidos.