Nadie sabe cómo deben trabajar las empresas de IA con el Estado

Hay una ironía particular en que la empresa que creó el sistema de IA más popular del mundo no estuviera preparada en absoluto para las consecuencias de su propio éxito. OpenAI nació como un laboratorio de investigación sin ánimo de lucro con una misión idealista, después se convirtió en una de las startups más valiosas del planeta y ahora entra en la tercera fase de su evolución: convertirse en un elemento de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y, como señala con acierto TechCrunch, la compañía no tiene ni herramientas, ni experiencia, ni siquiera una hoja de ruta clara para ese papel.

El problema, sin embargo, es bastante más profundo que las dificultades de una sola corporación. Ningún país del mundo ha formulado todavía un modelo coherente de cómo deben relacionarse las instituciones públicas con los desarrolladores privados de inteligencia artificial. Las analogías históricas funcionan mal.

Cuando, a mediados del siglo XX, el Gobierno de EE. UU. construyó su relación con contratistas de defensa como Lockheed Martin o Raytheon, se trataba de empresas creadas desde el principio para trabajar con el Estado, que entendían el lenguaje de la burocracia y estaban preparadas para una regulación estricta.

Los laboratorios de IA son otra historia. Surgieron del entorno académico y de la cultura de capital riesgo de Silicon Valley, donde la velocidad importa más que los procedimientos y la apertura más que el secreto.

La transformación de OpenAI es especialmente reveladora. La empresa de Sam Altman ha recorrido en dos años un camino que a los gigantes tecnológicos tradicionales les llevó décadas. ChatGPT se convirtió en el producto de consumo de más rápido crecimiento de la historia. Los modelos de la serie GPT los usan millones de personas y miles de empresas en todo el mundo. Pero junto al éxito comercial creció la conciencia de que los grandes modelos de lenguaje no son solo una herramienta cómoda para redactar correos y generar código. Son una tecnología de doble uso evidente, capaz de influir en el espacio informativo, en la ciberseguridad y, a largo plazo, en el equilibrio militar de fuerzas.

Los funcionarios estadounidenses lo saben. La comunidad de inteligencia de EE. UU. ya experimenta con versiones cerradas de modelos de lenguaje para analizar datos. El Departamento de Defensa estudia cómo aplicar la IA generativa a la logística y la planificación. Pero cada proyecto de este tipo choca con una pregunta fundamental: ¿en qué condiciones debe una empresa privada, que responde ante sus inversores y usuarios, entregar su tecnología a organismos estatales que responden a prioridades muy distintas? ¿Quién fija los límites de lo admisible? ¿Quién controla cómo se usan exactamente los modelos una vez entregados?

OpenAI, pese a toda su retórica sobre el desarrollo responsable de la IA, aún no ha demostrado mecanismos convincentes para gestionar estos riesgos. Los procesos internos de la empresa siguen siendo opacos. Su consejo de administración, que en teoría debería equilibrar los intereses comerciales y el bien común, atravesó una crisis dramática a finales de 2023 y desde entonces se ha reconfigurado en una versión considerablemente más leal a Altman. La transición de una estructura sin ánimo de lucro a una comercial, que la compañía completa en 2025–2026, no hace sino aumentar las dudas: ¿quién vigilará exactamente que tecnologías capaces de cambiar el reparto de poder en el mundo se usen de forma responsable?

Para Rusia, esta historia tiene un doble significado. Por un lado, la ausencia de un modelo claro de relación entre las empresas de IA y el Estado no es un problema exclusivamente estadounidense. Los desarrolladores rusos, desde Sber hasta Yandex, también equilibran objetivos comerciales e intereses estatales, aunque en un entorno institucional muy distinto. Por otro lado, el modelo que acabe eligiendo EE. UU. influirá inevitablemente en las normas globales, igual que los estándares estadounidenses de regulación de internet marcaron en su día el marco para todo el mundo.

La paradoja central es que el tiempo para diseñar las reglas con calma ya pasó. La tecnología avanza más rápido de lo que las instituciones pueden adaptarse. OpenAI ya es de facto un activo estratégico; la cuestión es si ese estatus se formalizará mediante un sistema meditado de obligaciones mutuas o seguirá siendo una zona gris donde las decisiones se toman ad hoc, bajo la presión de las circunstancias. Por ahora, todos los indicios apuntan a lo segundo. Y esa es quizá la noticia más inquietante no solo para Estados Unidos, sino para toda la industria global de la IA.