Trump presenta plan para limitar la regulación de IA a nivel estatal

La administración Trump ha publicado un plan legislativo para regular la inteligencia artificial. El documento de siete puntos envía una señal clara: el gobierno federal debe minimizar su intervención en el desarrollo de IA, y los estados no deben obstaculizar la estrategia nacional de "dominio global" en este campo. El plan recomienda al Congreso fortalecer la protección de menores que utilizan servicios de IA e implementar medidas contra el aumento de los precios de la electricidad debido a la infraestructura masiva de IA.

Entre otros puntos se encuentra el apoyo al "desarrollo juvenil y capacitación en habilidades" para trabajar con herramientas de IA, aunque los detalles en esta sección son mínimos. El mensaje político clave del documento es que las autoridades federales no deben crear un marco regulatorio amplio para la IA. La única excepción es la protección de menores.

Todo lo demás debe desarrollarse de la forma más libre posible. En paralelo, el plan efectivamente propone limitar la actividad legislativa de los estados: las leyes regionales sobre IA que divergen de la estrategia federal podrían ser bloqueadas. Esta no es la primera tentativa de Trump para frenar la regulación de IA en el nivel local.

Tras revocar el decreto ejecutivo de Biden sobre seguridad en IA a principios de 2025, la administración construye consistentemente su posición: Estados Unidos debe ganar la carrera de la IA, no ralentizar su propia industria con regulaciones. Varios estados—principalmente California—ya han intentado adoptar su propia legislación, pero enfrentaron presión tanto de funcionarios federales como de grandes empresas tecnológicas. Qué significa esto en la práctica: si el plan es aprobado por el Congreso en su forma actual, los estados tendrían oportunidades significativamente reducidas para regular de manera independiente a las empresas de IA que operan en sus territorios.

La industria ganaría un entorno más predecible y liberal, sin embargo los críticos ya advierten sobre riesgos para los derechos civiles y la seguridad de datos—especialmente en ausencia de estándares federales unificados.